230 RAZONES PARA VOTAR ¡NO! A LA ENMIENDA
Tenemos 230 razones para rechazar la propuesta de enmienda del artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia y no obstante estarse actuando en fraude de la Constitución, ya que esa materia fue votada negativamente por el pueblo de Venezuela, en el Referendo Constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007, expondremos aquí algunas de esas 230 razones.
Por la corrupción endémica que pretende apoderarse del país. Por el nepotismo que ve al erario público como botín de guerra. Por la inseguridad personal, tolerada por el régimen y usada como instrumento de dominación social de los sectores que le son adversos. Por el ventajismo electoral que usa y abusa de los bienes públicos para horadar la moral del pueblo. Por la discriminación política que niega elementales derechos humanos de los venezolanos. Por la parcialización de las instituciones del estado que sólo están al servicio de los intereses del régimen. Por la persecución a la Iglesia Católica, a la cual irrespetan constantemente. Por la intolerancia del régimen hacia los medios de comunicación no alineados a sus intereses políticos. Por la violencia verbal, psicológica y física de un presidente hacia los sectores que no lo apoyan. Por el irrespeto a la propiedad privada, a la cual atacan aún cumpliendo su función social. Por la ideologización de la educación, pretendiendo mostrar sólo una parte de la realidad. Por la «economía de puerto» que han aplicado, convirtiéndonos en mayores dependientes de la renta petrolera e improductivos en cuanto al sector primario de la economía. Por la manipulación de niños y niñas en actos políticos-partidistas. Por negar el derecho al trabajo a venezolanos y venezolanas por razones políticas. Por la ineficiencia y por la ineficacia en la gestión pública, generando nuevas formas de corrupción como el retardo doloso en las obras públicas. Por la mala calidad de las obras públicas, asociada a la irresponsabilidad, ignorancia y corrupción administrativa. Por la política antinacional de regalar nuestras riquezas a otros países en detrimento de los venezolanos. Por desconocer la soberanía popular expresada el 2 de diciembre de 2007 y que dijo ¡NO! al proyecto de reforma constitucional. Por el uso y abuso de los medios de comunicación del estado en constantes «cadenas» que afectan la libertad de los ciudadanos. Por querer imponer un modelo «socialista» que ya fue rechazado por el pueblo en el referendo constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007. Por violar la ley mediante grabaciones de comunicaciones telefónicas de venezolanas y venezolanos. Por usar al canal 8 como medio para promover el odio y la intolerancia política. Por politizar a la Fuerza Armada sólo en beneficio del gobierno y de su partido único. Por perseguir a los disidentes del régimen, negándole sus derechos humanos fundamentales como la libertad, trabajo, vivienda, crédito, divisas, etc. Por utilizar el dinero de Pdvsa para financiar campañas electorales dentro y fuera del país. Por un presidente fariseo, que dice una cosa y hace otra. Por gobiernos locales y regionales que no rinden cuentas de sus gestiones, amparados en su alineamiento político con el régimen. Por la corrupción presente hasta en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por el secuestro express de inocentes niños y niñas, a los cuales esperan en las propias puertas de sus escuelas. Por los despidos masivos y otros abusos que efectúan cada vez que hay un cambio de alcalde o gobernador, aún siendo del mismo partido. Por la legalización de extranjeros sólo con fines político-electorales. Por unos tribunales mediatizados y sesgados que procuran estar al servicio del régimen y no de la justicia. Por una Defensoría del Pueblo que para nada defiende al pueblo. Por una Contraloría que no controla y sólo sirve como instrumento para la persecución de políticos opositores, a quienes inhabilitan hasta por 15 años. Por el deterioro de los espacios públicos, calles, avenidas, instalaciones deportivas, etc. Por la compra indiscriminada y desproporcionada de equipos bélicos en detrimento del desarrollo social del pueblo venezolano. Por la tendencia hacia la privatización de la salud, de la educación, de la banca y la estatización de la tierra, cualquiera fuere su naturaleza. Por la falta de estímulo y fomento a la economía privada, favoreciendo un capitalismo de estado para controlar la sociedad. Por no resolver ninguno de los problemas históricos del país, tales como inseguridad, desempleo, vivienda, vialidad, salud, etc. Por la identificación del gobierno con grupos terroristas de la República de Colombia y de otros países. Por la tolerancia en nuestro territorio de grupos armados irregulares que actúan libremente en estados fronterizos como Apure, Táchira y Barinas. Por dilapidar la riqueza nacional durante las «vacas gordas» y exponernos a una grave crisis económica durante las «vacas flacas». Por permitir que el delito se masifique a escala nacional, bajo figuras poco conocidas en la historia criminal del país, tales como vacunas, secuestro express y secuestro propiamente dicho. Por actuar con indiferencia ante la alta cifra de muertos que diariamente pierden la vida en las calles venezolanas. Por el deterioro de los servicios públicos, todo lo cual redunda en baja calidad de vida del pueblo. Por la ausencia de una política carcelaria que detenga la violación de los derechos humanos en nuestras cárceles. Por el cinismo del régimen que utiliza la perversa máxima Maquiavélica de que «el fin justifica los medios». Por la humillante y deleznable política «clientelar» que aplica el Estado, donde se juega con las necesidades más sentidas del pueblo. Por desconocer la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva de los trabajadores. Por actuar de manera irresponsable, culpando a la oposición de todos los males del país. Por promover invasiones de predios urbanos y rurales, contribuyendo con la miseria y la promiscuidad que se genera en dichos sectores. Por no licitar las obras públicas, otorgándolas a dedo y favoreciendo de esta manera la corrupción. Por no atacar las bandas y mafias organizadas dentro de los cuerpos policiales y militares que practican secuestros y extorsiones. Por no implementar una política de desarme en los sectores populares, donde diariamente mueren inútilmente centenares de jóvenes e incluso personas inocentes. Por descuidar la calidad educativa en su política de masificación educativa.
Por haber fracasado en su lucha contra la pobreza, persistiendo en las calles niños y niñas mendigos y familias indígenas pidiendo limosnas. Por favorecer la seguridad personal y patrimonial de altos personeros del régimen y de sus familiares, en detrimento de la seguridad en escuelas, hospitales, calles y sectores populares. Por convertir, por su ausencia e inacción, a las residencias particulares y urbanizaciones en cárceles, donde el derecho al libre tránsito debió ceder ante el derecho a la vida y a la seguridad de los propios vecinos. Por la burla del gobierno al estado de derecho, desconociendo la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público. Por no ser coherente con una política de precios sincera de artículos de la cesta básica y de primera necesidad, todo lo cual ha contribuido con la escasez artificial de ciertos rubros. Por contar con un presidente que se inmiscuye en asuntos internos de otros países, exponiéndonos a guerras absurdas e innecesarias.
Tenemos 230 razones para rechazar la propuesta de enmienda del artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia y no obstante estarse actuando en fraude de la Constitución, ya que esa materia fue votada negativamente por el pueblo de Venezuela, en el Referendo Constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007, expondremos aquí algunas de esas 230 razones.
Por la corrupción endémica que pretende apoderarse del país. Por el nepotismo que ve al erario público como botín de guerra. Por la inseguridad personal, tolerada por el régimen y usada como instrumento de dominación social de los sectores que le son adversos. Por el ventajismo electoral que usa y abusa de los bienes públicos para horadar la moral del pueblo. Por la discriminación política que niega elementales derechos humanos de los venezolanos. Por la parcialización de las instituciones del estado que sólo están al servicio de los intereses del régimen. Por la persecución a la Iglesia Católica, a la cual irrespetan constantemente. Por la intolerancia del régimen hacia los medios de comunicación no alineados a sus intereses políticos. Por la violencia verbal, psicológica y física de un presidente hacia los sectores que no lo apoyan. Por el irrespeto a la propiedad privada, a la cual atacan aún cumpliendo su función social. Por la ideologización de la educación, pretendiendo mostrar sólo una parte de la realidad. Por la «economía de puerto» que han aplicado, convirtiéndonos en mayores dependientes de la renta petrolera e improductivos en cuanto al sector primario de la economía. Por la manipulación de niños y niñas en actos políticos-partidistas. Por negar el derecho al trabajo a venezolanos y venezolanas por razones políticas. Por la ineficiencia y por la ineficacia en la gestión pública, generando nuevas formas de corrupción como el retardo doloso en las obras públicas. Por la mala calidad de las obras públicas, asociada a la irresponsabilidad, ignorancia y corrupción administrativa. Por la política antinacional de regalar nuestras riquezas a otros países en detrimento de los venezolanos. Por desconocer la soberanía popular expresada el 2 de diciembre de 2007 y que dijo ¡NO! al proyecto de reforma constitucional. Por el uso y abuso de los medios de comunicación del estado en constantes «cadenas» que afectan la libertad de los ciudadanos. Por querer imponer un modelo «socialista» que ya fue rechazado por el pueblo en el referendo constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007. Por violar la ley mediante grabaciones de comunicaciones telefónicas de venezolanas y venezolanos. Por usar al canal 8 como medio para promover el odio y la intolerancia política. Por politizar a la Fuerza Armada sólo en beneficio del gobierno y de su partido único. Por perseguir a los disidentes del régimen, negándole sus derechos humanos fundamentales como la libertad, trabajo, vivienda, crédito, divisas, etc. Por utilizar el dinero de Pdvsa para financiar campañas electorales dentro y fuera del país. Por un presidente fariseo, que dice una cosa y hace otra. Por gobiernos locales y regionales que no rinden cuentas de sus gestiones, amparados en su alineamiento político con el régimen. Por la corrupción presente hasta en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por el secuestro express de inocentes niños y niñas, a los cuales esperan en las propias puertas de sus escuelas. Por los despidos masivos y otros abusos que efectúan cada vez que hay un cambio de alcalde o gobernador, aún siendo del mismo partido. Por la legalización de extranjeros sólo con fines político-electorales. Por unos tribunales mediatizados y sesgados que procuran estar al servicio del régimen y no de la justicia. Por una Defensoría del Pueblo que para nada defiende al pueblo. Por una Contraloría que no controla y sólo sirve como instrumento para la persecución de políticos opositores, a quienes inhabilitan hasta por 15 años. Por el deterioro de los espacios públicos, calles, avenidas, instalaciones deportivas, etc. Por la compra indiscriminada y desproporcionada de equipos bélicos en detrimento del desarrollo social del pueblo venezolano. Por la tendencia hacia la privatización de la salud, de la educación, de la banca y la estatización de la tierra, cualquiera fuere su naturaleza. Por la falta de estímulo y fomento a la economía privada, favoreciendo un capitalismo de estado para controlar la sociedad. Por no resolver ninguno de los problemas históricos del país, tales como inseguridad, desempleo, vivienda, vialidad, salud, etc. Por la identificación del gobierno con grupos terroristas de la República de Colombia y de otros países. Por la tolerancia en nuestro territorio de grupos armados irregulares que actúan libremente en estados fronterizos como Apure, Táchira y Barinas. Por dilapidar la riqueza nacional durante las «vacas gordas» y exponernos a una grave crisis económica durante las «vacas flacas». Por permitir que el delito se masifique a escala nacional, bajo figuras poco conocidas en la historia criminal del país, tales como vacunas, secuestro express y secuestro propiamente dicho. Por actuar con indiferencia ante la alta cifra de muertos que diariamente pierden la vida en las calles venezolanas. Por el deterioro de los servicios públicos, todo lo cual redunda en baja calidad de vida del pueblo. Por la ausencia de una política carcelaria que detenga la violación de los derechos humanos en nuestras cárceles. Por el cinismo del régimen que utiliza la perversa máxima Maquiavélica de que «el fin justifica los medios». Por la humillante y deleznable política «clientelar» que aplica el Estado, donde se juega con las necesidades más sentidas del pueblo. Por desconocer la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva de los trabajadores. Por actuar de manera irresponsable, culpando a la oposición de todos los males del país. Por promover invasiones de predios urbanos y rurales, contribuyendo con la miseria y la promiscuidad que se genera en dichos sectores. Por no licitar las obras públicas, otorgándolas a dedo y favoreciendo de esta manera la corrupción. Por no atacar las bandas y mafias organizadas dentro de los cuerpos policiales y militares que practican secuestros y extorsiones. Por no implementar una política de desarme en los sectores populares, donde diariamente mueren inútilmente centenares de jóvenes e incluso personas inocentes. Por descuidar la calidad educativa en su política de masificación educativa.
Por haber fracasado en su lucha contra la pobreza, persistiendo en las calles niños y niñas mendigos y familias indígenas pidiendo limosnas. Por favorecer la seguridad personal y patrimonial de altos personeros del régimen y de sus familiares, en detrimento de la seguridad en escuelas, hospitales, calles y sectores populares. Por convertir, por su ausencia e inacción, a las residencias particulares y urbanizaciones en cárceles, donde el derecho al libre tránsito debió ceder ante el derecho a la vida y a la seguridad de los propios vecinos. Por la burla del gobierno al estado de derecho, desconociendo la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público. Por no ser coherente con una política de precios sincera de artículos de la cesta básica y de primera necesidad, todo lo cual ha contribuido con la escasez artificial de ciertos rubros. Por contar con un presidente que se inmiscuye en asuntos internos de otros países, exponiéndonos a guerras absurdas e innecesarias. 
No hay comentarios:
Publicar un comentario